El Plan Bolonia entre fogones

Elena García Montero
En 1999 los ministros de la Unión Europea firmaron un nuevo plan de estudios universitarios, común para los países integrantes, para facilitar el intercambio de titulados en la UE y adaptar los contenidos educativos a la demanda social. Para ello se dispuso la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que se pondría en marcha en los primeros años del siglo XXI.
En resumidas cuentas el nuevo Plan cambia las actuales diplomaturas y licenciaturas por estudios que se comprenden en un primer ciclo de unos 3 ó 4 años de duración, que será conocido como grado, y un segundo ciclo de 1 a 2 años, que conoceremos como Master o especialización. Existirá un Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) que equivaldrá a las horas de clases teóricas y el trabajo a realizar por el alumno a través de seminarios, horas de estudio, realización de trabajos…Un crédito ECTS supondrá de 25 a 30 horas de trabajo. En cuanto a la financiación, el Plan pretende “diversificar los fondos” recurriendo a la empresa privada.
La alarma llega a las Universidades de todo el país cuando los estudiantes se percatan que el Plan debe de estar instaurado en 2010 y somos de los pocos países aún sin él –Grecia, por ejemplo, decidió no implantarlo-. Entonces se suceden las movilizaciones estudiantiles, las huelgas y las asambleas con la pretensión de llegar a todas las personas y hacer ver qué es el Plan Bolonia de verdad, los pro y los contra. Decenas de alumnos ocupan poco a poco las Facultades y dedican las noches a trabajar para buscar una solución, quieren frenar el nuevo Plan de Estudios.
Con un proyecto, en principio, saludable para la UE ¿cómo es que los jóvenes deciden movilizarse? Pues bien, lo que aún hoy no todo el mundo sabe es que un Posgrado o Master costará alrededor de los 3000 €, siendo, como objeta el Tratado, de carácter más general y abarcando más titulaciones. Además el crédito aumenta sus horas, aumentando la jornada dedicada a la universidad e impidiendo compatibilizarlo con un trabajo, por lo que aquellas personas que no puedan pagarse los estudios, no podrán acceder a ellos. Para esta situación se han creado unas becas, que a diferencia de las actuales, habrá que devolver en un período estipulado de tiempo y cuando el sueldo que se cobre llegue a una cifra estipulada. Y para más INRI, aquellas carreras que no son demandadas socialmente y su financiación no va a generar renta, como las Filologías minoritarias o Filosofía, van a desaparecer, y no está de forma literal estipulado en el pacto, pero sí estableciendo, entre algunos ejemplos, un número mínimo de alumnos.
Aún algunos no se han dado cuenta que no será objetiva la empresa Endesa al dar una charla sobre energías renovables, ni lo será El País o ABC en los masters que den a los futuros periodistas. Necesitamos una universidad objetiva y plural, pública y capaz.